El segundo semestre de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile enviará al Congreso para su aprobación el Acuerdo Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés). Similares procesos deberán realizarse en los otros 11 países que suscribieron el acuerdo en febrero de 2016, en Auckland, Nueva Zelandia, previéndose un fuerte debate en torno a sus beneficios, costos y alcances. Para la entrada en vigencia del TPP, y como señala el artículo 30.5, este proceso debe concluirse antes de que se cumplan dos años de la suscripción, por al menos seis países que representen el 85% del PIB (TPP, 2016), lo que implica la necesaria ratificación tanto de los Estados Unidos como del Japón.
El acuerdo surge tras el ya largo estancamiento de las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio, y tras el auge del bilateralismo, por lo cual, junto con la Asociación Económica Regional Integral (RCEP, por su sigla en inglés) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por su sigla en inglés), constituye un nuevo mecanismo de avance plurilateral, esto es, de los que se han llamado acuerdos mega-regionales.
Durante su negociación, el TPP fue publicitado como el acuerdo del Siglo XXI, que modificaría las reglas que hasta hoy han regulado el comercio. Pero, desde un punto de vista comercial, el tratado plantea disciplinas y coberturas similares a aquellas de otros acuerdos existentes. Tiene algunas novedades, en particular en el carácter plurilateral de la negociación, la inclusión de temas como coherencia regulatoria, empresas del Estado y Pymes, pero no contiene grandes cambios en materia, por ejemplo, de servicios que supuestamente han de ser un área relevante para los países en desarrollo.
El acuerdo ha generado dudas en Chile, ya que el país ha suscrito acuerdos con todos los miembros del TPP. Sin embargo, se ha sostenido que este significa el perfeccionamiento de concesiones y compromisos comerciales, como el acceso agrícola en el mercado japonés o la inclusión de compras públicas en Perú, Vietnam o Malasia. Es posible que se sostenga que se trata de ventajas marginales, pero ellas representan grandes potencialidades si son bien aprovechadas por los actores privados nacionales. En particular, los sectores público y privado deberían prestar atención a la posibilidad de incorporarse a cadenas globales de valor en el marco de una regla de origen única para el TPP. Las cadenas no se generarán de manera espontánea, puesto que el TPP solo es condición necesaria para ellas, razón por la cual su aprovechamiento dependerá de la capacidad de los agentes nacionales de hacer uso de las ventajas del acuerdo.
El TPP es un acuerdo más de una política sostenida de los últimos 25 años y parece generar mayor debate por razones que rebasan la estructura comercial que contempla. Ello hace que, al enfrentarse a una sociedad civil más informada, el debate técnico se realice en planos diferentes.
Cabe entonces destacar el grado de cuestionamiento y debate que ha suscitado el acuerdo. Es curioso que sea en los Estados Unidos, principal promotor de la negociación, donde existen más dudas a su respecto. Pese al esfuerzo y al capital humano que le ha dedicado el presidente Obama, no ha sido recogido por los principales aspirantes a reemplazarlo. Como señala Fermandois (2016) entre Trump y Sanders puede encontrarse un denominador común: “rechazar el libre comercio o interrelación –también globalización- económica”, que en el caso de Clinton se ha planteado como dudas acerca de los beneficios del TPP. Según se dice, si se mantiene este cambio en la política comercial de los Estados Unidos, marcaría un punto de inflexión en las relaciones económicas internacionales, condenando gran parte de las aspiraciones del mundo en desarrollo (Rogoff, 2016).
Por otra parte, el cuestionamiento a la transparencia en las negociaciones es muy superior al provocado por cualquier otro acuerdo. Cabe recordar que en negociaciones anteriores nunca se habían conocido los textos, por razones obvias ya que ellos presentan las posiciones negociadoras de los países. Esto no quiere decir que al momento de formular las posiciones nacionales no se haya tomado en cuenta la opinión de los distintos actores. En el caso de Chile, hubo instancias de participación con discutible grados de influencia., como el cuarto adjunto, implementado por la DIRECON, del cual formaron parte organizaciones gremiales, empresariales, sindicales, académicas y de la sociedad civil. Pese a esto, existe la percepción de que la negociación del TPP no fue transparente y que se realizó a espaldas de la ciudadanía y cuidando intereses corporativos.
Lo anterior responde a una nueva realidad ciudadana. Como dice Peña (2016) existe un nuevo “humor de los ciudadanos frente a la forma en que se negocian las reglas del comercio mundial”. Si bien gran parte de los cuestionamientos revelan de alguna forma grados de ignorancia sobre los aspectos comerciales de los acuerdos, indican que la penetración y operación de las tecnologías de la información y en particular las redes sociales han dado lugar a una sociedad civil más informada .
Algunos autores sugieren que actualmente hay un mayor cuestionamiento del libre comercio o lo que llaman la gobernanza del sistema internacional. Sin embargo, al respecto surgen algunas preguntas, en particular en el caso de Chile pero que pueden extrapolarse. Las reacciones a que ha dado lugar el TPP no son iguales a aquellas provocadas por la Alianza del Pacífico u otros acuerdos recientemente firmados. Cabe preguntarse si lo que se cuestiona es el comercio o si la sociedad reacciona contra un modelo que a la vez ha generado grandes avances y profundas desigualdades pero se asocian únicamente a la presencia de Estados Unidos.
Referencias
- Fermandois, J. (2016). Interrelación económica. El Mercurio.
- Peña, F. (2016). [Cambios de época en la gobernanza comercial internacional. Consideraciones sobre algunos efectos potenciales del artículo 30-4 del TPP].
- Rogoff, K. (2016). Anti-Trade America? Proyect Syndicate.
Transpacific Partnership, (2016).
