Destacar el legado pacifista de América Latina ha sido siempre un tema de todo nuestro interés. Tan solo recordemos que con el voto latinoamericano se logró la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Tratado de Tlatelolco (1967), que permitió que nos constituyéramos en la primera región poblada libre de armas nucleares, y hemos resuelto nuestros conflictos en el respeto absoluto al derecho internacional. El mejor ejemplo de esto lo constituye el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, que selló un compromiso para preservar, reforzar y desarrollar vínculos de paz inalterable y amistad perpetua, que ha tenido un resultado sorprendente al crear la “Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur” en el año 2005.
Es interesante la proyección de este tratado en el proceso de integración, que sucesivamente ha declarado zonas de paz en la región. Recordemos solamente que la XIV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR emitió la “Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile” como zona de paz en 1998, donde se señala “Que la paz constituye el principal deseo de nuestros pueblos conforme a la base del desarrollo de la humanidad y representa la condición primordial para la existencia y continuidad del MERCOSUR”.
El destacado internacionalista argentino, Juan Bautista Alberdi, autor del libro “El crimen de la guerra”, se anticipó en más de un siglo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preconizando el “Carácter pacífico del soldado del porvenir”, lo que en el año 2011 la Secretaria General de UNASUR, María Emma Mejía, en una entrevista expresó “los ejércitos pueden desempeñar un papel en las emergencias ambientales, o en temas de paz como en Haití. A futuro, por qué no los podríamos ver protegiendo los recursos naturales como parte de una nueva noción de soberanía”.
En el mismo sentido, los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) trabajan en la actualización de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 2015-2030. Este proceso, que nació bajo la inspiración del presidente Frei Montalva, en 1969, motivó, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la creación del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, donde en el preámbulo de su tratado de 1990, señala que el desarrollo de la educación, cultura, ciencia y tecnología, debe impulsarse en el marco de una búsqueda común de la paz, libertad, justicia y solidaridad entre los pueblos.
Podríamos afirmar que la CAN, que en sus inicios contó con la colaboración del Presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, intentó ser el proceso más avanzado de integración, pues era el único sistema que en sus instituciones contempló la creación de un Tribunal de Justicia con caracteres supranacionales y a semejanza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “ubicándose como la tercera corte internacional más activa del mundo luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, según los datos de la propia CAN.
En base a la comunidad de valores que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), comparte con los países de la Unión Europea, lo más importante frente al momento internacional que estamos viviendo, de permanentes violaciones a los derechos humanos en Siria, a los actos terroristas del Estado Islámico y al drama de los refugiados en Europa, es recordar que en los inicios del diálogo político con la Unión Europea, los cancilleres de la Comunidad Europea, en la década de 1980 se sumaron a los esfuerzos de los países latinoamericanos (Grupo Contadora y Grupo de Apoyo al Proceso de Paz de Centroamérica), expresando: “la Comunidad Europea y América Latina están llamadas a jugar conjuntamente un papel activo en la reconstrucción de la sociedad internacional del futuro”. Esta frase la reproduce la Declaración de Roma (1990), donde se institucionalizó el diálogo político entre los países miembros del en ese entonces Grupo de Río, y los países de la Comunidad Europea. En esa declaración se expresa “la cooperación entre Europa y América Latina puede jugar igualmente un rol importante para acrecentar la eficacia de los organismos de Naciones Unidas que se consagran a las cuestiones del desarrollo internacional”, y además destaca la importancia de contar con la participación de los parlamentos en el proceso de diálogo y cooperación euro-latinoamericano.
Hoy día, producto de los logros de la Asociación Estratégica entre ambas regiones, existe un fructífero diálogo entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), donde la Comunidad Académica, como sociedad civil organizada, tiene la oportunidad de hacer llegar diferentes propuestas como resultado de las cumbres académicas que se han organizado en el marco de las Cumbres CELAC-UE.
La reciente elección del nuevo Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, con el beneplácito de los 193 Estados miembros, es una ocasión para que el diálogo birregional con Naciones Unidas, que recomienda la Comisión Europea logre fructificar, liderando la reforma de este organismo, que hoy día se presenta como uno de los mayores desafíos para la paz mundial.
Me asiste la convicción que, el Comité Noruego, al entregar el Premio Nobel de la Paz al Presidente colombiano Juan Manuel Santos, a pesar de haber obtenido un resultado negativo en el plebiscito, quiso expresar su admiración a un presidente, que en su deseo de servir a su patria y terminar para siempre con esa guerra interna de 52 años, movilizó a la comunidad internacional, expresando el galardonado, que este reconocimiento constituye un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos, y que al mismo tiempo ya no se puede retroceder, porque este proceso tiene que inspirar al mundo.