Securitisation (traducción literal: segurización) significa proyectar un determinado tema como extraordinario y que requiere de la suspensión de las funciones políticas normales, pudiendo abarcar materias políticas, sociales o ambientales. Dicho tema puede ser proyectado y mantenido en el tiempo como una forma de amenaza inminente a la salud física, cultural o social de una comunidad, y por tanto merecedora- con la venia del público- del uso de medidas extraordinarias para combatirla (Vultee 2010). Un ejemplo muy reciente, pero a la vez muy duro, es el cambio impuesto por la administración Trump a la política migratoria, que significó la separación de niños en la frontera de EE.UU. y México: se caracterizó la migración como algo que ponía en riesgo a la sociedad estadounidense, particularmente su seguridad, y generaba un gasto extraordinario y eso justificaba medidas extraordinarias.
Otro ejemplo es aquel del que hemos sido testigos durante los últimos cinco años, aunque probablemente no nos habíamos dado cuenta de que pudiese hablarse de ese tecnicismo: la campaña de Evo Morales para reivindicar el acceso libre, soberano y ‘en justicia’ al Océano Pacífico. En este proceso el presidente Morales retrató a Chile como un enemigo del estado de Bolivia, uno que lo mantiene ‘encarcelado’ y que le ha negado su ‘derecho’ a la salida soberana al mar. Esta ha sido una campaña llena de emociones, acusaciones, tweets y propaganda; a través de su cuenta de twitter el presidente Morales acusó a Chile de ser el ‘carcelero’ de Bolivia, de ‘negar la historia’, de recurrir a ‘chicana política’ y de estar ‘desorientado en el mar de sus propias contradicciones’. Aún más, Morales acusó a Chile de ser el causante del subdesarrollo boliviano, por mantenerlo, producto de una invasión que arrebató sus regiones costeras, estableciendo severas limitaciones al libre tránsito, carente de autonomía en los puertos chilenos. En suma, unas condiciones de mediterraneidad que implican menor nivel de ingresos, mayores costos logísticos, menor inversión extranjera; sufriendo de un enclaustramiento forzado limitante del desarrollo humano, estancando al país en el desarrollo humano medio. Bolivia se ha valido del “Libro del Mar” para remarcar argumentos genéricos basados en una literatura económica y geopolítica que describe escenarios, pero no se basa en cifras o hechos factuales.
Llama la atención que Bolivia dista mucho de estar estancado en el subdesarrollo: hace más de diez años que el país crece a un promedio anual del 5%, liderando el crecimiento en la región en términos de porcentaje; ha logrado avances en materia de transporte, infraestructura y obras públicas que han mejorado la conectividad y la calidad de vida en el país; y ha tenido un manejo económico cauto, estimulando la diversificación de la canasta productiva, el ahorro y una política fiscal contracíclica. Entonces, ¿de qué subdesarrollo es Chile culpable? ¿Puede ser, más bien, que Morales usó este caso para crear un enemigo del pueblo boliviano que lo distrajera de una amenaza real pero interna?
El presidente Morales se presenta a la reelección con una popularidad en baja. Previo al resultado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su aprobación se ubicaba en 34%. Luego de conocido el fallo de la CIJ, varios políticos bolivianos dispararon contra Morales como si fuese el causante del fracaso en el tribunal internacional, por generar falsas expectativas en el pueblo boliviano y mantener una actitud confrontacional. La aprobación del presidente podría caer más. Un factor importante en este escenario es que desea presentarse de forma inconstitucional a dicha reelección, desconociendo la voz de su pueblo que en 2016 votó en contra en un referéndum convocado para cambiar la Constitución y permitir que el presidente Morales fuera nuevamente candidato. El “no” ganó en dicho referéndum, rechazándose el proyecto constitucional. Sin embargo, el presidente se valió de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró una supuesta aplicación preferente de los derechos políticos por sobre la Constitución que limitaba la cantidad de veces que un presidente puede ser reelecto. Por tanto, el presidente tendría la vía abierta para postular nuevamente valiéndose de un artilugio político y legal. Los resultados obtenidos esta semana podrían dificultar que el presidente salga reelecto.
No hay mucho lugar a dudas del uso del nombre de ‘Chile’ por el gobierno boliviano para generar un concepto de ‘enemigo’ externo de Bolivia que lo deja como vulnerable, y que por tanto justificaría el uso de medidas extraordinarias, en aplicación de un concepto de suma-cero que deja fuera de discusión otros asuntos importantes, tales como el abuso de poder y el quiebre de la Constitución. El problema de la segurización es que no sólo daña a la sociedad del territorio donde se aplican estas medidas extraordinarias, sino que también lo hace respecto de quien se identifica como el enemigo común, pues busca deslegitimizar al oponente y sus objetivos políticos. Volviendo al ejemplo del presidente Trump, parece deslegitimar a su contraparte mofándose de los migrantes, de los países tercermundistas o de mujeres que denuncian sobre acoso sexual. Morales lo hace a través de sus tweets, de su marcha apelando a la ‘conciencia de la comunidad internacional’ y de los apelativos con que se refiere a Chile y a sus instituciones. Ahora que el fallo de la CIJ fue negativo para las peticiones de Bolivia, Morales también deslegitimiza a la Corte que había validado al presentar esta demanda, refiriéndose a ella como injusta, parcial y que ‘beneficia a invasores’ y se refiere al fallo como un ‘informe’.
El dilema así generado puede continuar a pesar de la debilidad de los argumentos presentados por Bolivia, ya que Chile debe continuar evaluando que riesgos conlleva esa táctica del país vecino, y de que forma continuará resguardando su soberanía. Se ha informado que la defensa ha constado a Chile USD24 millones, donde también se consideran otros temas, no solo el recientemente fallado por la CIJ. Es un costo hundido, que en términos de análisis costo-beneficio es lucrativo pues se ha destinado a reivindicar la soberanía y se ha puesto término a un proceso que nunca debería haberse iniciado. Al declararse competente en 2015, la Corte asumió una responsabilidad en este desarrollo. Nadie va a devolver a Chile el costo de este juicio, así como no se reparará el daño a la imagen de Morales después de 7 años de una campaña mediática falaz.
Hay también un costo alto, que no afecta sólo a Chile, sino que a las naciones más pobres y aquellas que viven en sistemas dictatoriales o semidictatoriales en Latinoamérica, como es el caso de Venezuela. En este ámbito, la causa de Morales produce un deterioro y un retroceso en procesos de consecución de la paz y la estabilidad regional, un bien común del que tenemos derecho a gozar todos los latinoamericanos. Morales ha generado más división, con sus declaraciones incendiarias suscita enemistad, y con su negativa a leer razonadamente el fallo indica que menosprecia el derecho internacional, aspecto que puede interesar otros gobernantes inclinados a romper las reglas democráticas, y a criticar a los Organismos Internacionales llamándolos carteles organizados y a sus líderes unos ‘sicarios’, sobre todo si dichos organismos indagan en la situación de violaciones a derechos humanos del propio país.
Por tanto, el daño es mucho mayor que un par de libros relatando una supuesta historia del mar boliviano en las embajadas en el mundo. Morales, con su abuso de los instrumentos jurídicos internacionales, su engaño al pueblo boliviano promoviendo algo que nunca iba a ocurrir y que él esperaba sumar a la continuidad de su carrera para la reelección y elevar su respaldo político, buscó dañar la imagen de Chile, generar un costo importante al país, y con un costo de oportunidad mayor cuando se considera en qué se podrían haber utilizado esos USD24 millones. Es motivo también de daño a la Región, por las divisiones, la difusión del discurso del odio y la enemistad, y la atribución de la causa del retardo del desarrollo en Latinoamérica. Chile es un país que viene trabajando sólidas políticas de estado en lo que respecta a las relaciones internacionales, al ajuste del derecho internacional y al cumplimiento de sus obligaciones.
Prueba de esto es que Chile se sometió en 2015 la declaración de la CIJ declarándose competente en este caso, a pesar de que consideró que merecía críticas de fondo. Las reiteradas afrentas de Morales a distintos niveles, el abuso de las redes sociales- mencionado incluso en los alegatos de Chile en la CIJ-, la publicación de un libro donde se detalla un supuesto “incumplimiento” chileno y la atribución a Chile de un “enjaulamiento” o “encarcelamiento” de Bolivia, son contrarrestados de hecho con las cifras crecientes de la carga boliviana que se mueve por puertos chilenos, y el crecimiento económico. Una inherente injusticia chilena parecería no corresponder en ese cuadro.
En momentos complejos en que Latinoamérica está integrada por miembro que rompen ciertos equilibrios, los demás países tienen que esforzarse para estar unidos, no necesariamente mediante acuerdos de tendencias ideológicas, pues eso escasamente va a funcionar con presidentes y países con una historia tan variada, sino que procurando mantener la estabilidad, asegurando el bienestar y desarrollo socioeconómico de todos los ciudadanos de cada Estado, garantizar libertades y derechos humanos básicos tales como la salud y la educación, y la aplicación de las Constituciones.
El Presidente Morales tiene una carga alta en este momento: no sólo debe enfrentar a los ciudadanos bolivianos a los que generó falsas expectativas de triunfo en La Haya (sin entrar en detalle de si lo que prometió sería aquello que su pueblo pudiese haber obtenido); sino que debería responder a Chile por los temas de imagen, y a Latinoamérica por el deterioro de la hermandad, por suscitar desconfianza mutua, y por apoyar políticas cuestionadas en América Latina, y, sobre todo, por desviar a la región de su deber de trabajar permanentemente en pro del desarrollo social y el bienestar de sus poblaciones.
