Esta mañana, el equipo de investigación liderado por la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, prof. Tatiana Rein Venegas, y la investigadora postdoctoral de CONICET y docente de la Universidad de San Martín, Argentina, Fernanda Page Poma, dieron a conocer el informe técnico recientemente publicado y cuyo objetivo fue indagar en las medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en Chile y Argentina en tiempos de COVID-19.
En su trabajo -financiado por ANID y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile-, las autoras contaron con la colaboración de las ayudantes de investigación María José Elizalde Roa y Natalia Sabrina Magnetico.
Entre las principales conclusiones a las que llegan las investigadoras destaca que las medidas implementadas por los Estados para hacer frente a la pandemia tuvieron diversos efectos sobre la población, como el alza de violencia contra las mujeres.
El análisis muestra que tanto Argentina como Chile realizaron importantes esfuerzos para dar una respuesta a la situación extraordinaria que planteó la pandemia de COVID-19. No obstante se reconoce la existencia de problemáticas que quedaron de manifiesto en el transcurso de la investigación y que alentaron a las autoras a realizar una serie de recomendaciones, entre las que destacan:
- Planificar e implementar políticas contra la violencia hacia las mujeres que abarquen todas las formas de violencia y que incorporen de forma importante la prevención.
- Planificar e implementar políticas para acompañar de forma integral a las mujeres que sufren violencia. Esto requiere una mirada interseccional en todas las áreas del Estado.
- Garantizar el alcance nacional de las políticas por violencias en razón de género, tomando en consideración las características territoriales particulares y las necesidades específicas de los grupos poblacionales.
- Implementar formación con perspectiva de género desde temprana edad para toda la sociedad.
- Implementar formación específica y orientada a operadores judiciales, personal policial y personas que atienden a mujeres y niñas víctimas de la violencia.
- Adoptar medidas para eliminar los sesgos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.
- Implementar políticas para eliminar estereotipos que afectan especialmente a determinados grupos, como las mujeres de diversos orígenes, las mujeres migrantes, indígenas, del colectivo LGBTI+.
- Adoptar medidas que contribuyan a acortar la brecha digital, disminuyendo la desigualdad en el acceso a Internet y las TICs.
- Establecer encuestas permanentes sobre todos los tipos de violencia de género, que incorporen una perspectiva interseccional.
