Entre los expertos de la economía española circula el tópico de que España ha obtenido grandes beneficios económicos con su ingreso en la Unión Europea (UE); es una afirmación sin fundamento, sobre todo desde la implantación del euro en 1999. Por otra parte, dada nuestra desbordante alegría en el gasto, hemos incurrido en un gran endeudamiento privado y público. Para corregir nuestros errores, nos han enviado a los hombres de negro.
A partir de la balanza de pagos de España con sus socios de la UE, el impacto económico global o efecto integración, para el período 1986-2010, ha sido negativo para España por un total de 16,3 miles de millones de euros. Dicho efecto integración es, a su vez, resultado de dos efectos parciales a los que denominaré de mercado y de cohesión, respectivamente. El de mercado, viene dado por el conjunto de relaciones económicas (transacciones y transferencias de la cuenta corriente y de capital) entre España y el resto de la UE, excluidas las de cohesión. El de cohesión también conocido como balanza fiscal, expresa el saldo neto entre las contribuciones financieras que España realiza al presupuesto de la Unión (transferencias corrientes) y lo que recibe en contrapartida del mismo (en transferencias corrientes y de capital) vía fondos estructurales, de cohesión y de otros instrumentos financieros.
A pesar del deficiente desglose que ofrece la balanza de pagos española en relación con la UE, el análisis de la misma pone de manifiesto que el comportamiento de tales relaciones ha sido completamente diferente para la etapa pre-euro (1986-2008) y la que sigue ya en la UEM (1999-2010) (véase tabla adjunta). Expresadas todas las cantidades en miles de millones de euros, en el primero de tales sub períodos, el efecto integración arrojó un saldo positivo de 59,3 (y también lo fueron el de mercado -por 18,3- y el de cohesión -por 41,0-). En cambio, en el segundo de los sub períodos, la situación varía radicalmente: el efecto global o de integración presenta un saldo negativo por 75,6; el déficit de mercado fue de 129,9 y el de cohesión fue positivo en 54,3.
Las razones que explican este diferente comportamiento entre ambos sub períodos, son variadas. En síntesis, durante el sub período que precedió a la UEM, España ganó competitividad externa gracias a las cuatro devaluaciones de la peseta entre 1992 y 1995 y también a que el saldo fiscal con la UE era creciente. En cambio, en el segundo sub período, cuando el recurso a la devaluación externa dejó de existir, el saldo de las balanzas de bienes se fue haciendo muy negativo (debido a la pérdida de competitividad de la economía española) y también lo fue el de rentas, lo que en buena medida obedeció a la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo -BCE- a partir de 2001 con la finalidad de permitir la reactivación de Alemania. Esta reducción en los tipos de interés es uno de los puntos centrales que explican la formación de la burbuja inmobiliaria española a través de un incontrolado endeudamiento privado (para cubrir la brecha entre el ahorro y la inversión) que, desde hace un tiempo, se viene transmitiendo de forma acelerada -por la socialización de pérdidas- al endeudamiento público.
El resultado final es que España ha sido intervenida por la UE. Como es sabido, el 25 de junio de 2012 el gobierno español formalizó ante la UE la solicitud oficial de asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras hasta un total de 100 mil millones de euros. Los hombres de negro (en alusión a los inspectores de la troika - Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y FMI-), ya están en Madrid, contrastando con las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro .
¿Y por qué ha sido intervenida España? Prescindiendo de las graves deficiencias en la construcción de la unión económica y monetaria y de la falta de solidaridad de algunos de sus Estados, como Alemania, la razón radica en que la política económica del gobierno Popular (1996-2004) generó un crecimiento ficticio que favoreció a los especuladores del ladrillo (Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre oferta de suelo urbano), a los grandes grupos de presión económicos (caso del sector eléctrico, que con la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, ha provocado un artificial pero descomunal déficit tarifario) y a las comunidades autónomas a las que le fueron cedidas competencias que no han sabido gestionar pero que han provocado un caos en el Estado (casos de educación y sanidad -cuyo coste han encarecido- y capacidad normativa sobre impuestos que han vaciado de contenido -patrimonio, sucesiones y donaciones, etc.-).Todo ello en el contexto de una coyuntura de un crédito barato que fue alimentando una demanda interna que superaba al PIB (lo que se conoce como vivir por encima de las posibilidades) generando un recalentamiento de la economía.
La política liberal de Aznar-Rato, ensalzada por algunos, debe someterse a una profunda revisión crítica porque está en las raíces de la actual crisis. Los tres grandes ejes de esta política económica, acompañados de un incremento en el gasto público, fueron continuados y amplificados por Rodríguez Zapatero que, en lugar de poner coto a la burbuja inmobiliaria, que ya se conocía, continuó favoreciendo este castillo de naipes hasta que, en mayo de 2010, el Eurogrupo le dijo basta. Fue el inicio del creciente recelo internacional sobre la solvencia económica de España.
En los años de rápido crecimiento y de aparente bonanza (1999-2007), el sector privado español (empresas -financieras y no financieras- y familias) se fue endeudado descontroladamente (principalmente con bancos europeos) hasta multiplicar por 2,5 el PIB en 2010. Todo ese dinero iba al ladrillo mientras que el Gobierno central, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc. guardaban silencio.
En el centro de todo este descontrol hay que situar destacadamente a una irresponsable administración territorial (autonómica y local) que ha hecho del urbanismo desaforado su modus vivendi. Las comunidades autónomas no solo han desmembrado el mercado nacional convirtiéndolo en 17 mercados compartimentados en todo, sino que han despilfarrado sin medida en sus gastos públicos corrientes y de capital. Han realizado inversiones ruinosas en aeropuertos sin pasajeros, autopistas sin coches, edificios públicos sin uso, empresas públicas fantasma, embajadas encubiertas, y así un largo etcétera. Y algunas de ellas hasta han ocultado su déficit público real.
Pero las comunidades autónomas no solo han despilfarrado lo público, también lo han hecho con lo privado. Mediante el control que han ejercido sobre las cajas de ahorro, las han arruinado provocado la quiebra de la mayoría de ellas que han tenido que ser intervenidas por el Banco de España. El paradigma y símbolo de todo este desaguisado es el Banco Financiero y de Ahorros, más conocido por su nombre comercial: Bankia (resultado de la fusión, entre otras cajas arruinadas, de Caja Madrid y de la valenciana Bancaja), al que hay que añadir el Banco CAM, la Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Catalunyacaixa, Novacaixagalicia y Unnim. Detrás de los consejos de administración y altos cargos de todas estas entidades, hay siglas políticas concretas (principalmente y por este orden, PP, PSOE y nacionalistas) y también sindicales (CC.OO y UGT) y hasta la Iglesia Católica. Dichos consejos han gestionado las cajas como un lupanar, usando y dilapidando sus recursos en los negocios más variopintos.
Como ocurre frecuentemente, las consecuencias de esta crisis la están pagando quienes no lo ha provocado: los ciudadanos. A éstos tampoco los tienen en cuenta los hombres de negro.
