Tras un arduo proceso de evaluación, el Magister en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile cumplió un hito al recibir su primera acreditación de calidad por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
De este modo, el programa mantendrá el estatus de acreditado por dos años - tiempo máximo para la primera acreditación - con miras a continuar con el proceso hasta lograr el reconocimiento por el máximo tiempo permitido (10 años).
La coordinadora del magíster, Olga Espinoza, explica que este logro se debe a que desde que se abrió el programa se trabajó en torno a la acreditación, identificando las mejores prácticas tanto en la Escuela de Postgrado del INAP como dentro de la Universidad, con el apoyo constante de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.
“Como equipo de coordinación nos sentimos muy satisfechos por el trabajo realizado, así como por la gran labor de nuestros y nuestras docentes, quienes ponen todo su esfuerzo en hacer que este programa se destaque y que pueda alcanzar sus objetivos: formar líderes y profesionales que generan un impacto positivo en el diseño, implementación y puesta en marcha de mejores políticas públicas en el ámbito de la seguridad, violencia y la prevención de la criminalidad”, destacó.
Asimismo, la académica asegura que el MCGSC está en un proceso de autoevaluación permanente, por lo que “este reconocimiento confirma que vamos por el camino adecuado”.
“Estamos pensando en nuevos desafíos, como la descentralización e internacionalización, para lo que estamos evaluando la creación de nuevos formatos que permitan la participación de estudiantes extranjeros, así como de profesionales procedentes de todo el país”, finalizó.
Cabe recordar que el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) del INAP es un programa de postgrado con un enfoque multidisciplinario, que pretende entregar sustento teórico y análisis práctico para formar especialistas en el diseño, gestión, análisis y evaluación de políticas públicas en materias de seguridad ciudadana y en la gestión del sistema de justicia criminal.