En la actividad, realizada en el IEI, expuso el profesor Gonzalo Aguilar, de la Universidad Andrés Bello, quien ha retornado de un período de post-doctorado en Alemania. Tomaron parte en la reunión académicos del IEI, de la Universidad de Chile, de Valparaíso, Adolfo Ibáñez, Católica de Chile, entre otros.
El debate se orientó a determinar la naturaleza del derecho y los fundamentos consuetudinarios que lo sustentarían. Se recordó que en los últimos años el acceso al agua potable ha estado siendo analizado tanto desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, como en la perspectiva de quienes son los sujetos titulares del derecho, la responsabilidad ambiental y las materias relacionadas con los derechos humanos de las personas que aprovechan ese recurso. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró "el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos." Precisamente las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento están siendo analizadas en el contexto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los asistentes se refirieron a una serie de relaciones entre el postulado de un derecho al agua potable y el saneamiento, y la necesidad de definir principios jurídicos que le den sustento. Se recordó además, que este tema se vincula con temáticas enunciadas en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, en 1992 y otros instrumentos adoptados posteriormente, y que si bien el derecho al agua podía ser mirado como un bien esencialmente social, su ejercicio importa una valoración económica, la puesta en marcha de instrumentos y mecanismos que permitan su ejercicio, así como tener en cuenta las demandas sobre este bien escaso. La OCDE ha indicado en su informe prospectivo hacia el 2030 que la escasez del agua constituye uno de los problemas ambientales del mundo.
