La Cancillería evalúa presentar un reclamo de ilegalidad ante la justicia contra el dictamen del Consejo para la Transparencia, que obliga a informar sobre los nombres y honorarios de la defensa chilena por la demanda marítima del Perú en La Haya.
Desde la notificación del veredicto, RR.EE. tiene un plazo de 15 días para interponer el recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago.
"Estamos analizando el fallo del Consejo para ver qué acciones vamos a tomar", dijo ayer (jueves 21 de junio) el canciller Alfredo Moreno.
Si el ministro opta por el reclamo de ilegalidad, seguiría el camino que en su minuto escogió su colega de la Segpres, Cristián Larroulet, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ante los dictámenes del Consejo para la Transparencia que los obligan a revelar sus e-mails.
En paralelo a la evaluación de la Cancillería, las comisiones de RR.EE. del Congreso respaldaron a Moreno por negar la entrega de los datos sobre la defensa en La Haya a una estudiante argentina.
El presidente de esa instancia en la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS), anticipó que tomará contacto con el Ministerio de RR.EE. para analizar lo ocurrido. "La Ley (de Transparencia) tiene una excepción cuando se pueden poner en peligro temas de interés estratégico para el país, temas sensibles. Esa información (la solicitada) es, a lo menos, sensible. Quien tiene que calificar esto es, sin duda, la Cancillería", dijo.
Su par en la misma instancia, Juan Antonio Coloma (UDI) estimó que la decisión del Consejo para la Transparencia es "errónea" y advirtió que genera "dudas" sobre el sentido del organismo. "Me sorprende este fallo, así como otros que han ido en la misma línea. Y respaldo plenamente a la Cancillería".
Junto con apoyar a Moreno, los diputados Jorge Tarud (PPD) e Iván Moreira (UDI, de RR.EE. de la Cámara, opinaron que el Consejo se ha extralimitado en sus funciones y pidieron revisar la Ley de Transparencia.
Los dos principales promotores de esta última norma, el senador Hernán Larraín (UDI) y el ex legislador Jaime Gazmuri (PS), en tanto, discreparon frente al dictamen del Consejo para la Transparencia.
"Es un fallo bastante valiente. En esta materia hay demasiado tabú. Quienes vean en esto algo negativo, favorecen un retroceso a prácticas del secretismo", dijo Larraín.
Gazmuri, por su parte, comentó: "parece pertinente que la Cancillería considere que dar a conocer estos datos constituye un debilitamiento de la capacidad del Estado de defender su punto de vista en el juicio"
Expertos comentan sentencia
La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat, dijo que "creo que es un error ordenarle a Cancillería dar esa información, en tanto la controversia entre Chile y Perú está pendiente. Por algo se protege la confidencialidad, pues naturalmente los países están defendiendo intereses que son relevantes para ellos. Hay decisiones que se toman y tienen que ver con sus estrategias".
En tanto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Roberto Guerrero, afirmó que hay minutas estratégicas, argumentos a presentar y pruebas. Eso se refiere a antecedentes para una defensa judicial y normalmente estarían reservadas, pero en este caso, salvo que haya un argumento muy convincente, no tendrían por qué estar reservadas".
Asimismo, la académica de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo, señaló que los datos pedidos "no vulneran ni perjudican la tramitación de la causa en La Haya. El criterio que debiera primar es que los abogados actúan como funcionarios y les entregan fondos públicos. Es de interés social saber los montos de sus remuneraciones".
