En diciembre de 2022, la Conferencia de las Partes de Biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica, 195 países se comprometieron a proteger el 30% del total de los océanos y de la tierra para el año 2030. Para alcanzar esta meta resulta fundamental contar con áreas marinas protegidas en aguas internacionales, uno de los temas centrales que es parte del Tratado de Altamar, discutido y acordado finalmente en la ONU.
En este contexto, el Gobierno de Chile, a través del trabajo de su Ministerio de Relaciones Exteriores, está impulsando una iniciativa para crear la primera área marina protegida de alta mar en el océano Pacífico, proyecto de alcance global en que se espera contar con el apoyo de Colombia, Ecuador y Perú, así como también con otros países comprometidos con esta meta.
Para conocer en detalle tal iniciativa, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile organizó un encuentro en el que participó el jefe de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de Cancillería, Julio Cordano, quien expuso el tema: "La gobernanza de los océanos en el 'Acuerdo sobre biodiversidad en alta mar’: nuevos escenarios para la política oceánica”.
La presentación de Julio Cordano fue comentada por la académica del IEI y Jueza del Tribunal Internacional del Mar, prof. María Teresa Infante.
Definiciones
En su intervención, el jefe de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del MINREL explicó la necesidad de proteger la biodiversidad de alta mar, toda vez que hasta el momento solo el 1% de los ecosistemas cuentan con dicha protección, en tanto que el alta mar representa el 60% del océano, el cual cuenta con una gran cantidad de especies (200.000 conocidas). “Estamos hablando de ecosistemas únicos en espacios como corales, montes submarinos y corredores biológicos, los que contribuyen en la captura de CO2, absorbe mucho del calor que se ha generado producto del calentamiento global y produce mucho oxígeno”, afirmó.
Cabe destacar el BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) es un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
En este sentido, Cordano destacó que el BBNJ “establece la obligación de cooperar para proveer capacidades y tecnología a los países en desarrollo, así como también establece el reparto de beneficios genéticos, a través de un sistema de reporte de información recolectada (beneficios no monetarios) y beneficios monetarios por medio de un mecanismo financiero cuyas modalidades serán definidas por la COP”.
En materia de financiamiento, el Acuerdo propone la creación de un fondo fiduciario para garantizar la participacióm de los países en desarrollo; un fondo especial para llevar adelante las actividades contempladas en el Acuerdo, y también incluye la posibilidad de aportes financieros de privados.
Comentarios
Por su parte, la Jueza del Tribunal Internacional del Mar y académica del IEI, prof. María Teresa Infante, explicó que este no fue un Acuerdo de fácil tramitación, toda vez que a juicio de algunos actores -tanto estatales como no estatales- no era necesaria una negociación para generar un nuevo marco jurídico, sino que bastaba con aplicar los regímenes ya existentes respecto de temas de alta mar y propiedad intelectual, entre otros.
“Pero también había otras fuerzas o actores -comunidad científica, organizaciones no gubernamentales, etc.- que sí veían con buenos ojos la creación de este Acuerdo, con la finalidad de preservar algo que es fundamental para algunos países que tienen en su seno la mayor actividad y conocimientos sobre recursos genéticos. Ahora bien, vale recordar que miembros de la Unión Europea apoyaron esta negociación, lo que generó una fuerza políica importante que permitió avanzar en las conversaciones y que, finalmente, dieron como resultado este Acuerdo. Otro apoyo muy importante fue dado por las comisiones de trabajo en Naciones Unidas”, destacó la prof. Infante.
