Quisiera comenzar por agradecer la invitación que el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales me ha extendido. Estás reuniones desayuno se han convertido en una característica distintiva del Consejo y representan un espacio especial, amplio y plural que nos permite a todos aquellos que tenemos algún interés o responsabilidad en la actividad internacional de informarnos e intercambiar ideas. En lo personal y, como muchos de ustedes, he asistido a muchas de estas conversaciones en el pasado, por lo que puedo dar fe de lo interesantes y fructíferas que pueden llegar a ser. Ésta es, sin embargo, la primera vez que me corresponde ser quien expone. Esto es un honor, si consideramos el largo listado de figuras importantes que aquí se han presentado, ex presidentes y ex Cancilleres con los que he tenido la oportunidad de colaborar, parlamentarios y colegas de muchos años a quienes respeto y aprecio.
Vaya también un recuerdo especial hacia dos grandes figuras que impulsaron y animaron este foro: Francisco Orrego Vicuña, jurista, académico y juez notable de nuestro país y Gabriel Valdés Subercaseaux, eminente Canciller y hombre público que desempeñó un papel central en la recuperación democrática de Chile.
La Política Exterior de Chile no sucede en un vacío, se instala dentro de un sistema y contexto internacionales que, de manera ineludible, afectan nuestra mirada y quehacer. En los últimos años, nos hemos enfrentado a una serie de hechos a escala mundial que han condicionado las formas en que los diferentes actores interactúan en el Sistema Internacional. En primer lugar, venimos saliendo de la pandemia del Covid-19 que alteró y dejó de manifiesto los puntos débiles de los procesos de globalización y de la interdependencia global de las cadenas de valor. Si bien, la OMS acaba de anunciar “el fin” de la pandemia, lo cierto es que el virus sigue entre nosotros, así como también sus secuelas.
Por otra parte, la crisis climática se ha ido agudizando cada vez más. Este año, con la aparición del fenómeno del Niño, promete hacer de este uno de los años más calurosos que hayamos vivido por lo menos desde 2016. Los efectos de la crisis climática se han hecho notar cada vez más en América Latina, por lo que urge buscar medidas paliativas e impulsar con aún más ímpetu la transición hacia una economía verde y sustentable.
En lo internacional, hemos presenciado cómo se han ido tensionando cada vez más las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular China.
Hace unos años el Secretario de Estado Michael Pompeo sugirió durante un evento en la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon, que nos encontrábamos ad portas de una Nueva Guerra Fría, no con una resucitada Unión Soviética o Rusia, sino que con China. El lugar del anuncio no fue azaroso, si tenemos en cuenta el rol del Presidente Nixon en la inclusión de la República Popular China en el sistema internacional.
Como académico, he seguido el debate sobre si estamos frente a una nueva guerra fría. Es un debate fascinante, pero como Canciller no me corresponde entrar a esa polémica. Lo cierto es que esta narrativa - sea precisa o no - ha tendido a imponerse en el imaginario común a través de los medios de comunicación. El devenir de esta tensión entre China y Estados Unidos ha supuesto plantear que América Latina se encontraría en la encrucijada de elegir entre un poder y otro, una falsa dicotomía que no atiende a las realidades de la región. Por una parte, en el caso de la mayoría de los países de la América del Sur - a diferencia de la del Centro y el Norte - es China y no los Estados Unidos su principal socio comercial, por lo que plantear lineamientos de este tipo no son solo poco pragmáticos, sino que son inviables. Mantenemos una relación importante con China que valoramos. A su vez, los lazos que poseemos con Estados Unidos son históricos, se estructuran en un ámbito regional y hemisférico y se basan en una visión común sobre los valores de la democracia. Por lo demás, en el caso de Chile en particular, nuestra estrategia internacional se ha regido por el principio de la diversificación de nuestra política exterior en pos de alcanzar una mayor autonomía internacional relativa y así evitar caer en relaciones de dependencia con un actor particular. Esta posición no es nueva y me consta que la mayoría de los presentes, por no decir todos, lo saben y ha sido una de las políticas de Estado que se ha venido siguiendo desde el retorno a la democracia.
En adición a la disputa entre las superpotencias, se suma la guerra de agresión que desde febrero del año pasado ha llevado Rusia contra la integridad territorial de Ucrania. En este ámbito, la posición del Estado de Chile ha sido clara e inequívoca. Para nosotros, la guerra en Ucrania no es sólo una guerra europea. Es un conflicto en que están en juego principios fundamentales, como la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la no agresión. Las guerras de conquista fueron propias de siglos anteriores, pero son inaceptables en el siglo XXI. Condenamos el accionar ruso de manera abierta y hemos apoyado diversas resoluciones en instancias multilaterales como la Asamblea General de Naciones Unidas, así como en el Consejo de Derechos Humanos de ese mismo organismo. Además, hemos realizado envíos de ayuda humanitaria y nos preparamos para el envío de una próxima.
Los elementos ya mencionados: la pandemia del covid-19; las tensiones entre superpotencias y la invasión de Ucrania han tenido un efecto desestabilizador en la economía global. La interrupción en las cadenas de valor y de suministro, sumado a situaciones de crisis bancarias en Estados Unidos y en Europa, han marcado la economía mundial que ya venía presentando signos de desaceleración. En el caso de América Latina, según estudios de la CEPAL, la pandemia nos ha significado un retroceso de diez años en términos de desarrollo económico: se le ha tildado una nueva “década pérdida” en la región, siendo la anterior la década de los ochenta del siglo pasado. Otro de los principales efectos que se han experimentado de modo transversal, tanto a nivel regional como mundial, ha sido la inflación que ha afectado a todos nuestros países en distinta medida.
A estos sucesos globales, también hay que incluir las variables regionales que nos han afectado en el tiempo reciente. En el último quinquenio hemos sido testigos del deterioro de la confianza pública en las instituciones democráticas, que han derivado en varios casos como en Ecuador, Perú, Bolivia y nuestro país en grandes manifestaciones sociales que han hecho patente su descontento. A esto se le suma un aumento de la violencia en América Latina y el Caribe que, a pesar de constituir el 9% de la población mundial, suma más del 30% de los homicidios en el mundo. Esta violencia, frecuentemente ligada a la actividad de bandas transnacionales del narcotráfico y trata de personas presentan retos que deberemos enfrentar de manera conjunta para poder sortearlos. Lo mismo sucede con la crisis migratoria que se ha desatado en América del Sur por la situación de Venezuela y que ha afectado a la mayoría de los países sudamericanos; así también como la consolidación de regímenes autoritarios como el de Ortega en Nicaragua.
Ante la serie de factores descritos, pareciera ser lógica la necesidad de poder concertar un actuar conjunto a nivel regional para hacer frente a los diferentes desafíos que afectan de manera transversal en nuestros países. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos presenciado como los mecanismos de integración regional con los que contamos han ido perdiendo su poder de convocatoria y consenso que pudiese proveerlos con capacidades de acción efectiva.
La Organización de Estados Americanos ya lleva un tiempo sin poseer el peso e influencia regional que antes ostentaba. Por otra parte, otro organismo multilateral relevante para nuestro país, la Alianza del Pacífico, se encuentra paralizada por la negativa del gobierno mexicano de traspasarle la Presidencia Pro-tempore a Perú. Esta situación se origina dado el cuestionamiento mexicano a la legitimidad del gobierno peruano liderado por la Presidenta Dina Boluarte. En este marco, hemos estado trabajando activamente para regularizar el funcionamiento de uno de nuestros principales organismos con proyección internacional, reconociendo el derecho que corresponde al Perú para asumir la presidencia de la Alianza durante el presente año.
Una situación diferente ha sucedido con CELAC que, luego de cierto periodo de letargo, ha retomado actividades que habían quedado pendientes desde antes de la pandemia. El mejor ejemplo ha sido el restablecimiento del diálogo birregional entre este organismo con la Unión Europea. Esta importante instancia logró reactivarse en octubre pasado en Buenos Aires, donde tuvo lugar la III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE, y que no se reunía desde julio de 2018. Allí se trazó una hoja de ruta para el restablecimiento del diálogo interregional y se fijó la necesidad de celebrar una Cumbre birregional de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el próximo 17 y 18 de julio en Bruselas.
Este encuentro es de nuestro mayor interés pues pensamos que puede marcar un hito para revivir la relación birregional. En particular, a nosotros como país nos interesa representarles a los países europeos - especialmente ahora que nuestro Acuerdo Marco Avanzado se encuentra en sus últimas etapas antes de su firma – que aspiramos a que haya más presencia europea en América Latina, tanto en el ámbito político como en materia de comercio e inversiones. Como ya he expresado en otras instancias, la participación de los países europeos en la región puede aportar a la diversificación de nuestros vínculos externos, pudiendo proyectarse en nuestros intercambios comerciales, pero también, en aspectos políticos, académicos, de la sociedad civil y de cultura.
Por último, y para cerrar mis referencias a los organismos multilaterales regionales, creo que en estos meses no ha pasado inadvertido el nuevo aliento que ha estado experimentando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Tanto el Presidente Lula como el Presidente Fernández han declarado su intención de retornar a este mecanismo sudamericano y este último, durante su visita a Chile, instó al Presidente Boric a hacer lo mismo. Sin embargo, para Chile un eventual retorno a ese organismo no es tan sencillo, puesto que nos obliga a concurrir nuevamente al Congreso Nacional. Sin embargo, Chile no se puede marginar de un espacio de concertación sudamericano. Por lo mismo, este próximo 30 de mayo estaremos asistiendo a la Cumbre Sudamericana de Jefes de Estados convocada por el Presidente Lula en Brasilia, en donde este tema será al menos uno de la agenda y donde expresaremos nuestro interés en participar en un espacio flexible y práctico de concertación sudamericana.
La proliferación sucesiva de Cumbres en el último tiempo hace latente la necesidad de contar con instituciones multilaterales regionales operativas y eficaces que pudiesen funcionar como entes articuladores que nos ayuden a enfrentar de manera unida problemas que son transversales en nuestra región y cuya solución requiere, inevitablemente, de una acción concertada.
Dicho lo anterior y manteniéndolo como telón de fondo, quisiera concentrarme más en los enfoques y rol internacionales de Chile y los énfasis en los que hemos estado trabajando en el Ministerio. En este sentido, el Presidente me ha mandatado a potenciar los elementos de continuidad que han caracterizado a la política exterior del país, como son la promoción y respeto de la democracia y los Derechos Humanos o la histórica relevancia que le hemos dado a nuestras relaciones vecinales. De modo adicional, hemos tomado pasos para robustecer nuestra política exterior incluyendo temas que no pueden ser ignorados en el mundo actual, como la inclusión del enfoque de género en las Relaciones Internacionales, la transición hacia una economía verde, sostenible y que considere la protección del medio ambiente y los océanos y las acciones que se requieran para la mitigación de la crisis climática.
Así, Chile ha reforzado su posición en cuanto a su compromiso por velar activamente por la promoción y protección de los Derechos Humanos, tanto a nivel interno como hacia el exterior. Así lo demuestra nuestra elección al Consejo de Derechos Humanos para el período 2023-2025, con la primera mayoría regional que, además, representa una señal de confianza de la comunidad internacional al activo trabajo de Chile en esta materia.
En esta línea, nuestro gobierno ha condenado abiertamente la violación de derechos humanos y la limitación de las libertades políticas y civiles perpetradas por el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua. En particular, hemos tomado la iniciativa de ofrecer la acogida a los casi 300 nicaragüenses, quienes por ser considerados oponentes políticos han sido expulsados y despojados de su nacionalidad y derechos políticos.
El compromiso de nuestro país con la democracia y los derechos humanos será impulsado en los diferentes foros e instancias internacionales en las que participamos. Sin embargo, nuestra posición no es meramente declarativa, pues nuestros dichos siempre serán acompañados de iniciativas y acciones concretas. Por esta misma razón, es una de nuestras prioridades monitorear la situación de Nicaragua y cualquier otro caso que surja dentro de nuestra región con la intención de desplegar todos nuestros esfuerzos diplomáticos en búsqueda de ofrecer apoyo y buscar una resolución pacífica de cualquier crisis que comprometan la defensa de estos valores.
La importancia que le damos a la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en la arena internacional cobra especial significado este año en que conmemoramos los 50 años del Golpe de Estado. Considerando que “Democracia es memoria y futuro” tenemos previsto realizar una serie de actividades en Chile y en nuestras Embajadas para recordar y reconocer la solidaridad internacional que miles de chilenas y chilenos recibieron cuando se vieron forzados al exilio. En ese mismo tenor, lo mínimo que podemos hacer como país es extender esa misma solidaridad que recibimos durante ese periodo oscuro de nuestra historia hacia otras naciones que estén pasando por situaciones similares.
Respecto a nuestras relaciones vecinales, éstas han continuado teniendo una atención preferente. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Una política exterior exitosa requiere de relaciones estables y satisfactorias con los países vecinos. Para ello, es muy importante despejar los remanentes del pasado, encontrar cauces para tratar las inevitables diferencias, evitando que contaminen la integridad de las relaciones bilaterales, y desarrollar una relación de confianza mutua y cooperación con nuestros vecinos, basada en el respeto a los tratados y las instancias de solución pacífica de las controversias.
Contrario a lo que se podría desprender de una lectura superficial de los hechos ocurridos en las últimas semanas en nuestra frontera con Perú, nuestras relaciones diplomáticas se han mantenido en un buen nivel. Más allá del tema de las notas de protestas cruzadas en relación a desafortunadas declaraciones de autoridades peruanas, estas no han entorpecido nuestro intenso trabajo diplomático con nuestra contraparte de Torre Tagle. La buena relación diplomática con Perú nos ha permitido ir explorando soluciones conjuntas – junto con la importante colaboración venezolana – para ir aliviando la situación en la frontera y que cuyos primeros resultados se han visto este domingo 7 de mayo pasado, cuando un avión patrocinado por el gobierno venezolano despegó desde el aeropuerto de Arica, con más de un centenar de nacionales de dicho país, rumbo a Caracas. En esta misma dirección, una importante delegación de la Cancillería viajó recientemente a Venezuela para entrevistarse con sus contrapartes y así poder lograr una coordinación para el retorno de ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país.
Quisiera hacer una pausa aquí para referirme a la crisis migratoria que nos afecta, no solo a nosotros, sino a toda nuestra región. Al ser un problema regional, es menester abordarlo desde una perspectiva multilateral que requiere un trabajo diplomático importante y de nuestros oficios. Si queremos disminuir las oleadas masivas de migración que han tomado lugar en los últimos años, tenemos que reconocer que en su mayoría estos desplazamientos son forzados por circunstancias ajenas a los grupos migrantes. El cierre de nuestras fronteras o el establecimiento de barreras burocráticas para el ingreso al país no basta y no siempre solucionan el problema. Una de las formas de evitar los éxodos masivos es desplegar un esfuerzo diplomático y multilateral que busque mejorar las condiciones en el país de origen de estos grupos migrantes. Esto, pues, si los requerimientos básicos en el lugar de origen se pueden garantizar, la necesidad de migrar disminuye. Somos fuertes creyentes en el principio de migración segura, ordenada y regular. Chile fue tradicionalmente un país abierto y generoso frente a los inmigrantes, pero hoy esa tradición se ha visto tensionada. Nuestra capacidad para seguir recibiendo migrantes se está agotando, como lo demuestran las encuestas. Las medidas que está adoptando el gobierno en la frontera norte responden a esa inquietud. Al mismo tiempo, debemos hacer un esfuerzo para evitar que la tensión migratoria degenere en brotes xenofóbicos que afecten a grupos de migrantes que ya se han incorporado a nuestra sociedad y que están aportando de manera significativa a nuestra economía.
Nuestra relación con Argentina sigue siendo prioritaria. Tenemos una historia compartida y compartimos una extensa frontera. Nuestros vínculos se han ido fortaleciendo, trascendiendo incluso los ciclos políticos en cada país. Hoy destacamos el avance en materia de cooperación energética, un tema que en el pasado reciente nos separó, y donde hemos logrado acuerdos para envíos a firme de gas argentino hacia Chile, particularmente desde la zona de Vaca Muerta hacia la región del Bío-Bío, a precio fijo por dos años. También hemos avanzado en cooperación en materia antártica bajo el marco de la Comisión Binacional Chile-Argentina (creada en 2022) y otras iniciativas conjuntas como la Patrulla Antártica Naval combinada que realiza labores de salvaguarda de la vida en el mar, cuidado del medio ambiente y preservación del continente antártico. Hacia el futuro, queda el desafío de profundizar el diálogo permanente, contener deliberadamente las tensiones inevitables de una relación vecinal intensa y compleja, buscar la moderación, fortalecer la cooperación bilateral, multiplicar los vínculos y los intercambios mutuos, generar solidaridades de hecho y crear una nueva narrativa basada en los intereses compartidos.
Con Bolivia, se plantea el desafío de desarrollar una agenda común, a partir de la hoja de ruta acordada en 2021 y restablecer un nivel de confianza mutua después de los dos casos que protagonizamos ante la Corte Internacional de Justicia.
También quisiera hacer una mención especial a nuestra presencia antártica. El Instituto Antártico Chileno, que este año cumple 60 años desde su creación, ha estado trabajando activamente con el Gore de Magallanes para consolidar a la Antártica como polo de desarrollo de Magallanes y su proyección internacional. Adicionalmente, se está realizando una renovación de tres bases científicas de Chile en ese continente, donde se destaca la base Carvajal que será la primera dentro del círculo polar en zonas costeras que estará dedicada al estudio del cambio climático. También hemos apoyado el proyecto de un gran centro antártico internacional en Punta Arenas, que albergará a grupos de científicos de todo el mundo y que permitirá conocer el mundo antártico a los visitantes de la ciudad austral.
Aparte de los temas ya mencionados que hacen parte permanente de nuestra política exterior, otro de los objetivos de Chile es seguir avanzando hacia una economía verde e igualitaria que promueva el bienestar humano y equidad social en conjunto con la reducción importante de los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En este asunto es nuestro objetivo posicionarnos como un líder regional en materia de producción de energías limpias que se debe en gran parte a los recursos naturales y condiciones climáticas que el país posee.
Entre las iniciativas para fomentar este tipo de economía, Chile se encuentra actualmente en un proceso de consulta ciudadana para definir el Plan de Acción Hidrógeno Verde 2023-2030, con miras a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Es de nuestro interés, entonces, participar en las diferentes instancias multilaterales en donde se discutirán y se definirán los nuevos estándares internacionales para la industria mundial del hidrógeno verde.
También, otro elemento estratégico que nos interesa impulsar a nivel internacional, como manifestó el Presidente Boric el pasado 20 de abril, es el litio, otro elemento clave para la transición energética en el mundo y donde Chile es uno de los países que cuenta con una de sus mayores reservas. La Estrategia Nacional del Litio (ENL) tiene como objetivo la asociación pública – privada para la explotación responsable y el trabajo conjunto para el agregado de valor e innovación tecnológica necesaria para convertirnos en uno de los principales exportadores de este mineral. En este sentido, la estrategia busca modernizar el marco institucional asociado al litio y les puedo asegurar que, más allá de lo que hayan podido leer en medios internacionales, los inversionistas extranjeros han reaccionado positivamente al anuncio de esta estrategia y nos encontramos en un proceso de promoción de inversiones para proyectos de explotación conjunta.
Somos conscientes de que para que las industrias del hidrógeno verde y el litio prosperen serán necesarias inversiones de capitales y tecnología extranjeras. Al respecto, si bien hemos identificado socios estratégicos, quiero remarcar que nuestra política busca establecer certezas jurídicas, no excluyentes, que provean un marco institucional predecible y en conformidad con los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país. Por lo mismo, nos interesa poder garantizar una certeza para los inversionistas y generar un ambiente favorable para la inversión extranjera.
Además, el desarrollo de estas industrias claves para la transición energética presenta grandes oportunidades de cooperación regional con el resto de los países del Cono Sur, donde se puede avizorar, por ejemplo, la creación de encadenamientos productivos con países como Argentina y Brasil, proyectando mayores posibilidades para la elaboración de productos a nivel regional con valor agregado para la exportación.
El impulso de la economía verde y el desarrollo de energías limpias son parte de la responsabilidad que Chile tiene con un tipo de desarrollo que sea sostenible y respete la integridad del medio ambiente. Esta responsabilidad para con el medio ambiente y los océanos se ha manifestado de un modo tangible con el ingreso y participación, ahora como Estado parte, en la COP 2 de Escazú que se llevó a cabo en Buenos Aires el mes pasado. En esa instancia reafirmamos nuestro compromiso como país con la protección del medioambiente, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos. Además, uno de los puntos centrales de la agenda de la COP2 fue la conformación del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo, en donde Chile ocupará un lugar entre sus miembros, haciéndonos, de este modo, parte activa en la promoción de los valores comprendidos en este tratado tanto de manera interna como regional.
Otro elemento importante dentro de la protección medioambiental que busca impulsar Chile tiene que ver con su condición particular de ser en toda su extensión occidental un Estado ribereño. Por lo mismo, la proyección oceánica de Chile es un elemento central de nuestra política exterior. Dentro de nuestra práctica e interés por la conservación de las biodiversidades tanto en nuestro territorio como en nuestros recursos marinos, hemos trabajado para delinear amplias partes de nuestro océano como zonas protegidas.
En esta línea y como parte integral de nuestra Política Exterior, hemos trabajado de manera constante en el Tratado para la Biodiversidad de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Este tratado busca proteger la biodiversidad en las zonas denominadas de alta mar que, por convención, no cuenta con jurisdicción de ningún Estado y que, por tanto, no poseían una regulación clara para la preservación de sus ecosistemas. Este acuerdo se negoció a nivel global bajo el amparo de Naciones Unidas y aspiramos a que la sede de la Secretaría de esa convención pueda instalarse en Chile una vez que este instrumento entre en vigor.
Otro elemento innovador que quisiera comentar en esta presentación hace referencia a la Política Exterior Feminista que formara parte de los compromisos que realizó el Presidente Boric durante su primera Cuenta Pública. Esto ha derivado en un amplio e intenso trabajo iniciado por mi predecesora, la Canciller Urrejola, que da cuenta de una de las herramientas más útiles que podemos utilizar para hacer frente a la variedad de retos de diferente índole donde las soluciones convencionales han probado ser insuficientes para abarcarlas y en donde la aplicación de un enfoque de género nos presenta grandes oportunidades. Se trata nada menos de avanzar hacia una efectiva equidad de género en nuestra Cancillería y de promover este objetivo a nivel internacional, prestando especial atención a la protección y promoción de los derechos de la mujer en el sistema internacional. El detalle de esta política, que está siendo conducida por la Subsecretaria Gloria de la Fuente, con el apoyo de la Subsecretaria Claudia Sanhueza, será enunciando prontamente.
Nuestra política comercial también incluye elementos de continuidad y de cambio. Respecto de los primeros, seguimos potenciando nuestra red de acuerdos comerciales, que ya suman 33, y que nos unen a 65 economías, que representan el 88% del PIB mundial. Valoramos esa red y la queremos ampliar. Uno de nuestros objetivos prioritarios es lograr un acuerdo de libre comercio con la India, que ya es la quinta economía del mundo y que registra tasas dinámicas de crecimiento para los próximos años. También queremos avanzar en nuestras relaciones económicas con Indonesia y otros países de ASEAN. Otro objetivo es avanzar en nuestros acuerdos con las economías del Golfo, otro polo dinámico de la economía mundial. Nuestra política hacia el Asia Pacífico debe seguir fortaleciéndose. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) está plenamente vigente y se abre el desafío de aprovecharlo debidamente. Es cierto que ya teníamos acuerdos con todos sus integrantes, pero no es menos cierto que este acuerdo está permitiendo abrir sectores que anteriormente estaban cerrados, que ha incorporado nuevos temas y que permite elevar los estándares en las relaciones económicas con sus integrantes. Una tendencia similar está presente en el nuevo Acuerdo Marco con la Unión Europea, que esperamos firmar hacia fines de este año, bajo la Presidencia española de la UE, y que se convertirá en un acuerdo de última generación, incorporando nuevos temas e innovando en un área tan crítica como los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estado, tema que está requiriendo de atención especial de parte de nuestra Cancillería.
Quisiera concluir esta presentación, con una reflexión final antes de abrir el dialogo con las y los presentes. Es cierto que vivimos en un tiempo de incertidumbre y de grandes retos en lo internacional. La institucionalidad adoptada después del término de la segunda guerra mundial pierde efectividad y un nuevo modelo internacional de remplazo aún no logra formularse con claridad. Sin embargo, pienso que nuestra visión de política exterior puede sobreponerse a aquellas vicisitudes. Chile siempre buscará relacionarse con diversos actores sin prejuicios, desde un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos que incluya a todas las personas y con una perspectiva latinoamericanista, pero que a la vez sigue abierta al mundo.
Chile se encuentra en una posición interesante en este sistema internacional en transición. Poseemos minerales valiosos que están siendo identificados como críticos. Tenemos ventajas importantes para desarrollar energías verdes. Disponemos de una agricultura moderna, con vocación exportadora y productos emblemáticos. Hemos desarrollado una institucionalidad resiliente, que logra trascender ciclos políticos abruptos. Poseemos laboratorios naturales, en nuestro territorio y en nuestros cielos, que requieren también del desarrollo de una diplomacia científica. Y disponemos de un sistema académico sólido y de recursos humanos valiosos.
Todo ello explica la atención que recibe nuestro país y que se refleja en nuestras visitas recientes y aquellas que se proyectan para los próximos meses.
Un libro reciente, escrito por el profesor Tom Long, de la Universidad de Warwick, nos habla de las posibilidades de países pequeños y medianos de ejercer influencia en el sistema internacional. La historia enseña que los países pequeños o medianos que cuentan con mayor aceptación internacional, también disponen de una mayor cantidad de recursos para promover su desarrollo. Un país, sobre todo cuando no tiene una población muy numerosa, es más fuerte, más seguro y defiende mejor sus intereses, en la medida que se adapta a las reglas del juego internacionales y goza de múltiples y alianzas y vínculos en el campo diplomático. En definitiva, una diplomacia activa y una inserción internacional exitosa fortalecen la política exterior, contribuyen a la política de defensa y seguridad y, en último término aportan al desarrollo del país.
