Creo, que ningún politólogo, analista internacional, diplomático, ciudadano, o habitante común y corriente del continente americano puede hoy en día afirmar que la Organización de Estados Americanos -más conocida por su sigla OEA -, cumple algún rol trascendental en el devenir de su vida. De suerte que, si dejara de existir este organismo internacional, los amaneceres y atardeceres en nuestros países no sufrirían ninguna alteración. Ello, naturalmente que no es una buena noticia, aunque no es nueva, sino por el contrario, tiene una larga data.
Lo anterior, que en parte se explica por la casi inexistente política comunicacional de la organización, -afortunadamente- admite excepciones. La primera de ellas se refiere al área de la conservación y preservación de los derechos humanos, pero no en todos los países americanos, sino solo en aquellos que han ratificado los mecanismos relacionados con esta muy relevante temática. Lo anterior acarrea un problema que termina siendo complejo, porque al no ser parte todos los países miembros de la OEA del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), hace que estos mecanismos relacionados con los DD.HH., al no ser -sus dictámenes y resoluciones-mandantes y vinculantes, sino solo para quienes reconocen su jurisdicción, se fragilicen o pierdan fuerza, dañando todo el andamiaje sobre el que se sustenta, asi como el peso de las reparaciones buscadas. Algo similar ocurre con los Protocolos y Convenciones sobre temas especializados, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros.
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización.
El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".
Una segunda excepción, se refiere al fortalecimiento de la democracia, a través de las Misiones de Observación Electoral. Ellas, dependen de la secretaria de Fomento de la Democracia, y acompaña a los países que así lo soliciten mediante iniciativas en temas tan diversos como la observación y la cooperación electoral, el buen gobierno, la prevención de conflictos sociales, el diálogo interparlamentario, la universalización de la identidad civil, la innovación en la gestión pública, entre otros. De esta manera, constituye un brazo técnico al servicio de los Estados Miembros en la profundización de sus democracias, el mejoramiento de la institucionalidad gubernamental, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y en general en la defensa y promoción de los valores democráticos reconocidos internacionalmente y ratificados en los distintos instrumentos jurídicos de la Organización. Pero, esta formidable herramienta, tampoco es utilizada en todos los procesos electorales que ocurren en el continente, sino que solo, en aquellos cuyos países hacen una solicitud expresa.
En torno a la mesa de la OEA, se sientan casi todos los países del continente. La historia nos enseña que, en los inicios del siglo XIX, cuando Simón Bolívar, inspirado en el ideario de Francisco de Miranda, convoca en 1826 a un Congreso Anfictiónico en Panamá (a la época parte de la Gran Colombia), con el propósito de buscar la unidad entre los nuevos Estados americanos, da el primer paso con la finalidad de crear una confederación de países hispanos para fortalecer la independencia de las nuevas naciones y la defensa mutua. A dicho Congreso -valga resaltarlo- fue invitado Estados Unidos, pero se excusó de asistir.
Posteriormente, en 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, y tras 20 años se celebra en Buenos Aires una reunión que crea la Unión Panamericana.
No es sino hasta abril de 1948, como ya se dijo, tres años después de finalizada la II Guerra Mundial, con el mundo dividido bipolarmente entre Washington y Moscú, que 21 países americanos se reúnen en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, para adoptar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), y también la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre.
Meses antes, en un contexto de guerra fría, a fines de 1947, se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es un pacto de defensa mutua interamericano que establece que “… un ataque armado por cualquier Estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los Países Americanos...”. Ocurre que cuando en 1982, esto es treinta y cinco años después, estalla el conflicto de las Malvinas, Estados Unidos apoya a Gran Bretaña aduciendo que quién había iniciado las hostilidades había sido Argentina y que de conformidad con el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debía socorrer y prestar ayuda a los británicos. Asi, se incumple el compromiso explícitamente estipulado en el TIAR, generándose una fuerte controversia que unida a otros hechos que veremos a continuación merman la solidez de los principios de la Carta.
En 1962, se convocó a una Reunión de Consulta de Cancilleres, en Punta del Este, en donde se adoptó la Resolución VI, en la que se decide la expulsión de Cuba, como consecuencia del emplazamiento soviético de cohetes con ojivas nucleares en dicha isla. Asi, al igual que ocurriera con la suscripción del TIAR, nuevamente la guerra fría genera decisiones que afectan a nuestros países. Tal Resolución queda sin vigencia en el 2009, pero Cuba resuelve no reincorporarse al organismo. Tal exclusión de un país miembro no contó con el apoyo unánime de los estados miembros, debiendo destacarse que Chile (gobernado a la sazón por un gobierno de derecha) se opone a su adopción al igual que México, Brasil y Argentina, entre otros.
Es importante no olvidar que, también como consecuencia de la guerra fría se origina en 1965 otra situación altamente compleja. El sempiterno dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo fue asesinado el 1961, después de 30 años de gobierno autoritario, generándose inestabilidad y mucho vaivén político, que es interpretado por Estados Unidos como un peligro que puede derivar en una segunda Cuba. En mayo del 65, la OEA aprobó el envío de una fuerza interamericana de paz a la República Dominicana, en línea con la interpretación o temor señalado. Tampoco hubo unanimidad en esta ocasión, oponiéndose una vez más Chile y otros países a una acción de esta naturaleza.
Siendo la OEA, un foro eminentemente político, en el que participan e interactúan casi todos los países del continente, durante las dos décadas (1970 y 1980) en las que las dictaduras militares, antidemocráticas y violadoras de los derechos humanos gobernaban en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de Cuba (ya excluida de la OEA), mientras en la ONU era usual que se adoptaran resoluciones condenatorias contra estos regímenes, en la OEA en cambio se guardó un silencio -interpretado como cómplice-, permitiéndose además que dichos gobiernos de facto siguieran interactuando desde y en el foro como si sus países fueran democracias. Naturalmente que el responsable de tal desaguisado no es la organización, sino que los países que la componen.
Ello, fue un estigma que lleno de desprestigio al organismo. Por lo mismo que, no sea de extrañar que retornada la democracia a nuestros países se trabajara en la adopción de un mecanismo que garantice la permanencia y protección de la democracia como el sistema político que debe prevalecer en el continente. De allí que, en septiembre de 2001 -mientras eran derribadas las Torres Gemelas en Nueva York-, se adoptó en Lima, por parte de la Asamblea General, la Carta Democrática Interamericana que en su Art. 1 dice: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Mientras todo lo anterior ocurría, desde fines de los años 50 e inicios de los 60, los países del continente empiezan a dar sus primeros pasos conducentes a encontrar algún mecanismo de integración económica, política y social tal como lo venían haciendo los europeos desde los inicios de los 50 con la complejidad de que la guerra había concluido recién hacia cinco años.
De manera sucinta podemos decir, que transitamos desde la ALALC a la ALADI, que inspirados en dos países de desarrollo intermedio, esto es Colombia y Chile, se crea el Pacto Andino al que se suman Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia para buscar mecanismos económicos y políticos que les permitan conformar una comunidad de naciones que se articulen entre sí, para romper el estigma del subdesarrollo; en Centroamérica se adoptan decisiones similares y con el mismo propósito; igual ocurre en la ladera Atlántica de Suramérica conformándose el Mercosur; y, en el Caribe en paralelo a la descolonización se buscan mecanismos que aúnen y estrechen los vínculos entre estos Estados insulares. Se producen avances y retrocesos, pero cual castillos de naipes, todos los mecanismos van cayendo uno tras otro. A mediados de los 2000 se crea la Unasur que intenta unificar a toda Suramérica. Y, como una manera de obviar la participación de Estados Unidos y de Canadá, y asi quedar solo entre centro y suramericanos, más caribeños, se crea la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños) lo que acontece en febrero de 2010 en México, siendo ratificado en Venezuela en diciembre del 2011.
Es legítimamente preocupante el estado de desintegración en que se encuentra nuestro continente, asi como el colapso en el que se encuentran todos los mecanismos que aún subsisten, y que buscaban la integración entre nuestros países. De todo lo anterior, tenemos testimonios que se convierten en toneladas de papel, pero que, en concreto, transcurridos más de 70 años, no han llegado a puerto, convirtiéndose en una frustración tras otra. Buscar las causas, es relevante para no caer en los mismos errores, pero es probable que el mayor inconveniente lo encontremos en motivaciones ideológicas originadas en nuestros propios países, por lo que culpar o pretender endilgar la responsabilidad en terceros, no solo que termina siendo burdo, sino además con fundamentos muy frágiles e ideologizados.
Nuestro alicaído y cada vez más desintegrado continente, que mayoritariamente habla español, cuenta con gobiernos -independientemente de su tendencia ideológica- mayoritariamente de origen democrático, y no ha vivido conflagraciones bélicas de alta intensidad en los últimos cien años, unido a otros factores debieran ayudarnos a impulsar una integración política y económica, que haga posible que salgamos del marasmo y deplorable estado de postración social, económica y política en que nos encontramos, ya por demasiadas décadas.
Se han hecho, diversos intentos por integrarnos, habiendo siempre aparecido obstáculos -ya sean políticos o económicos- que de manera inexplicable han hecho que ellos aborten. Si somos pragmáticos y nos ponemos serios, debemos hacernos cargo que somos el continente más desigual del mundo, generando asi una pobreza irritante, mientras poseemos muy grandes reservas de minerales, una biodiversidad necesaria para la humanidad, y de pronto lo más importante, una de las mayores reservas de agua dulce del globo terráqueo, elemento crecientemente escaso, mientras el calentamiento global avanza.
En el complejo cuadro descrito, en los inicios de los noventa, a iniciativa del gobierno norteamericano se convoca a la I Cumbre de las Américas, misma que se realiza en Miami. Son reuniones de jefes de Estado y de gobierno de los Estados de América que tienen lugar desde 1994 con una periodicidad de tres a cuatro años para tratar asuntos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrenta el continente. Con el objetivo de mejorar el proceso de seguimiento de los compromisos adoptados en las Cumbres, se le ha encomendado a la secretaria general de la OEA dicha responsabilidad. Lamentablemente, el bajo o casi inexistente entusiasmo de los países miembros en tal mecanismo, a llevado a que se encuentre también en estado agónico.
Es por todo lo reseñado, que, con total fundamento y validez, nos preguntamos sobre la vigencia, relevancia y peso específico de la Organización de Estados Americanos, que de manera creciente se ha venido desperfilando y desprestigiando. Cuenta con el bagaje y los instrumentos jurídicos, para convertirse en la gran mesa en la que todos los americanos podamos negociar y compatibilizar nuestros legítimos intereses económicos y políticos. Ello, no nos evitara confrontaciones y momentos de tensión, incluso profundos, pero por sobre todo ello debemos buscar la manera de integrarnos, porque mientras ello no ocurra, nuestros países no tienen destino ni futuro.
Si no nos integramos, manteniéndonos como parcelas estancas, nos estamos condenando a seguir viviendo en la actual inequidad social, arriesgando la paz y progreso al que nuestros pueblos tienen derecho, permitiendo de paso que las bandas delincuenciales empiecen a controlar -como ya está ocurriendo- los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestros países. Por ello, me permito afirmar que sin integración no hay solución para nuestros países, por lo que es urgente encontrar la vía que nos dé tal posibilidad y de pronto una reforma y renovación profunda de la OEA, descomprime las tensiones políticas prevalecientes, posibilitando de paso encontrar el derrotero que nos ha sido tan esquivo: el de la integración.
(*) Diplomático chileno ®. Fue Embajador en Colombia, Perú, Ecuador y ante la OEA. Y, director general de Política Exterior de la Cancillería de su país, y Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
