La globalización no solo abrió oportunidades para el comercio y la innovación, también generó un terreno fértil para la expansión y transformación del crimen organizado transnacional (COT). Este no debe entenderse únicamente como un conjunto de redes ilícitas que atraviesan fronteras, sino como un actor con capacidad de agencia en el sistema internacional. Su fortaleza radica en la flexibilidad con que aprovecha dinámicas globales, como el comercio internacional, las nuevas las tecnologías digitales y los activos virtuales, para insertarse en mercados legales e ilegales. En ese proceso, el COT no solo compite con los Estados en determinados espacios, sino que también impacta directamente en la gobernanza y la seguridad internacionales. Frente a ello, los Estados suelen responder de manera reactiva, lo que abre la gran pregunta de esta columna:
¿Puede el Estado anticiparse al COT en un mundo interconectado?
La interdependencia global ofrece ventajas para las economías legítimas, pero también para las economías ilícitas. El comercio internacional facilita el contrabando de bienes falsificados y el tráfico de drogas, mientras que la digitalización abre la puerta al fraude cibernético y al uso de criptomonedas para operaciones de lavado de activos. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, 2025), los activos virtuales son inherentemente transfronterizos, lo que significa que la falta de regulación en una jurisdicción puede ser aprovechada globalmente por los delincuentes. Esta fragmentación normativa convierte a las criptomonedas y a las stablecoins en instrumentos de interés para quienes buscan mover capital ilícito sin restricciones.
El problema no radica exclusivamente en la innovación tecnológica, sino en la capacidad que tienen las organizaciones criminales para incorporar con rapidez, herramientas y prácticas del mundo legal a sus operaciones ilícitas. El COT funciona como un mercado global, capaz de desplazarse entre regiones y sectores, aprovechando vacíos regulatorios y brechas de cooperación internacional. Así ocurre en el ámbito financiero, donde el uso creciente de stablecoins ha permitido transacciones ilícitas de gran escala: solo en 2024, estas operaciones alcanzaron los 51 mil millones de dólares, según Chainalysis (2025), lo que refleja tanto la magnitud del fenómeno como la dificultad de los Estados para controlarlo.
Esa capacidad adaptativa se manifiesta también en las dinámicas logísticas y digitales. Por ejemplo, cuando los corredores tradicionales del narcotráfico se ven bloqueados, rápidamente emergen nuevas rutas a través de puertos secundarios o pasos fronterizos menos vigilados. De manera análoga, en el espacio digital proliferan mercados en la dark web y aplicaciones de inteligencia artificial para cometer fraudes en línea. En todos estos ámbitos, el patrón es el mismo: el COT reapropia herramientas diseñadas para fines legítimos y las transforma en instrumentos de maximización criminal, evidenciando que su fortaleza reside menos en la innovación como tal que en la velocidad y flexibilidad con que logra explotarla.
El lavado de activos ilustra con claridad la interdependencia estructural entre economías legales e ilegales. Investigaciones como los Pandora Papers, (International Consortium of Investigative Journalists [ICIJ], 2021, 2023) evidenciaron cómo capitales ilícitos latinoamericanos se integraban en estructuras financieras con sede en jurisdicciones occidentales como Luxemburgo, Malta y el Reino Unido. Estos hallazgos confirman que el problema no se limita a los países de origen de los flujos ilícitos, sino que también involucra a los sistemas financieros internacionales que, voluntaria o involuntariamente, facilitan su incorporación. Al explotar estas grietas, el COT no solo logra legitimar recursos de procedencia criminal, sino que además consolida su influencia económica y política, difuminando las fronteras entre lo ilícito y lo lícito en el orden global.
La conexión transatlántica entre América Latina y Europa refuerza esta dinámica. En 2023, Europol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentaron que los puertos de Amberes y Róterdam se habían convertido en las principales puertas de entrada de cocaína sudamericana, con incautaciones superiores a las 100 toneladas anuales (Europol & UNODC, 2023). Dentro de este circuito, el puerto de Guayaquil en Ecuador se consolidó como punto de salida, mientras la violencia asociada al control de las rutas impactó directamente en la gobernabilidad del país (Insight Crime, 2024). Así, el COT se erige, como un puente transnacional que conecta mercados ilícitos, economías formales y sistemas políticos debilitados.
En el caso de Europa, la ‘Ndrangheta calabresa constituye un ejemplo paradigmático de esta articulación. Reconocida por Europol (2022) como la organización criminal más influyente del continente, esta mantiene vínculos directos con carteles latinoamericanos para garantizar el suministro de cocaína. Gracias a su estructura descentralizada y su capacidad de insertarse en sectores económicos legales, su caso ilustra cómo una red criminal puede operar simultáneamente en múltiples jurisdicciones, fusionando intereses ilícitos con espacios legítimos.
Esta lógica de adaptación también se manifiesta en América del Norte. El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos cómo los carteles mexicanos han diversificado su actividad hacia opioides sintéticos, respondiendo a incentivos globales de mercado y maximizando su rentabilidad. Según la Drug Enforcement Administration (DEA, 2023), esta transformación ha generado una crisis sanitaria y social de alcance masivo, reforzando la idea de que el COT ajusta sus dinámicas a la demanda global con notable agilidad.
Los Estados, sin embargo, permanecen rezagados. La regulación de activos virtuales avanza de manera desigual: de 138 jurisdicciones evaluadas, solo 40 cumplen ampliamente con los estándares internacionales (FATF, 2025). La cooperación internacional tampoco avanza al ritmo requerido, especialmente en el ámbito aduanero y financiero, los mecanismos de coordinación suelen ser lentos y burocráticos, mientras que las redes delictivas operan con flexibilidad y rapidez.
En América Latina, esta disparidad se traduce en una amenaza estratégica. La UNODC (2023) y la OEA (2022) han señalado que la región concentra algunos de los mercados ilícitos más dinámicos del mundo. Allí, el COT combina violencia letal, corrupción institucional y erosión de la gobernanza democrática, configurándose como la principal amenaza a la seguridad internacional.
Frente a este escenario, anticiparse al COT exige más que respuestas reactivas. Es necesario fortalecer las capacidades de análisis financiero y criminal, crear sistemas de alerta temprana y establecer mecanismos de intercambio de información en tiempo real entre jurisdicciones. Del mismo modo, resulta indispensable cerrar los espacios que ofrecen los paraísos fiscales y las plataformas digitales no reguladas, así como avanzar en la implementación de estándares internacionales como la travel rule. Estas medidas, no obstante, solo serán eficaces si se integran los esfuerzos de actores que ya poseen conocimiento directo del fenómeno: fuerzas de seguridad, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y organismos multilaterales como la UNODC, la OEA y la OCDE. Su participación en el diseño de políticas resulta determinante, pues son quienes observan de manera más inmediata la evolución del COT en distintos niveles.
En definitiva, el COT se ha convertido en un actor global con capacidad de agencia, que aprovecha la apertura de mercados y la innovación tecnológica con una velocidad que supera la reacción estatal. La globalización le otorga alcance, la innovación le ofrece herramientas y la falta de coordinación internacional le abre espacio para consolidarse. La cuestión central no es solo cómo combatirlo, sino cómo anticipar sus movimientos y limitar su capacidad de adaptación. Para ello, los Estados deben superar la lógica reactiva y adoptar una visión internacional, flexible y cooperativa que permita equilibrar la velocidad criminal con la efectividad institucional.
Referencias
- Chainalysis (2025). Crypto Crime Report 2025. Chainalysis.
- DEA (2023). National Drug Threat Assessment 2023. Drug Enforcement Administration, U.S. Department of Justice.
- Europol (2022). European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). Europol.
- Europol & UNODC (2023). Cocaine Insights 2023. Europol and United Nations Office on Drugs and Crime.
- FATF (2025). FATF Recommendations 2025. Financial Action Task Force.
- ICIJ (2021). Pandora Papers: An ICIJ Investigation. International Consortium of Investigative Journalists.
- ICIJ (2023). Pandora Papers 2: Offshore World. International Consortium of Investigative Journalists.
- Insight Crime (2024). Ecuador’s Port of Guayaquil and the Cocaine Trade. Insight Crime.
- OEA (2022). Report on Transnational Organized Crime in the Americas. Organization of American States.
- UNODC (2023). World Drug Report 2023. United Nations Office on Drugs and Crime.
