Una de ellas, la del manejo de desastres, nos convoca especialmente desde el punto de vista de la seguridad. Desde hace ya varias décadas, los desastres naturales son considerados como una amenaza a varios sujetos a proteger: la población, la infraestructura, las empresas privadas, etc. En la tragedia del 27 de febrero, los análisis pueden ser realizados partiendo desde cada uno de ellos, siendo las necesidades de protección y los medios para protegerlos diferentes también. Sin embargo, un elemento común a todos ellos es el Estado. Y en nuestro caso, esta protección (entendida en tres momentos, desde la prevención, a la asistencia y la reconstrucción) puede ser estudiada en detalle.
En primer lugar, el llamado es a ser constructivos en la crítica. Esto es, considerando la intensidad del fenómeno y los niveles de estrés de quienes estuvieron manejando la situación así como los de la población afectada, ningún comentario que apunte a la anulación o descalificación es bienvenido. Parte de los procesos de reconstrucción implican la recuperación psicológica y emocional de los afectados, que hace fundamental la estabilidad para el análisis posterior de la situación y mejoras a futuro.
En segundo lugar, existen niveles de análisis que pueden ser abordados. Tomando como referente el ciclo del desastre, que considera el análisis de la planificación de desastres como un feedback loop positivo, se puede comenzar analizando el nivel de preparación (Preparedness), lo que va desde la tecnología disponible para la detección o anticipación al fenómeno, las vías de comunicación y el mapeo de riegos, hasta las políticas educacionales para prevenir y reaccionar frente al desastre. En este sentido, y sólo a modo de ejemplo para demostrar la capacidad de profundizar cada vez más el análisis en cada nivel, difiere notablemente la probabilidad de anticipación a través de un mapeo de riesgos en un fenómeno como el terremoto, del tsunami, o en su defecto, de una avalancha de lodo o el impacto de un meteorito.
Otro nivel, transcurrido el desastre, es la capacidad de reacción o respuesta para la entrega de asistencia una vez que la emergencia ya ha sido declarada (Response). El momento inmediato posterior al desastre, implica una asistencia diferente a la que se configura días después. Distinguir estos momentos es esencial, pues la asistencia inmediata se vincula a necesidades primarias, en tanto la posterior, tiene que ver con la implantación de los primeros cimientos para la reconstrucción. Es importante considerar, que la experiencia recomienda que sean las mismas comunidades las que vayan paulatinamente identificando sus necesidades, así como que sean capaces de detectar sus propias capacidades para enfrentarlas, y las vulnerabilidades que ven a futuro (Capacities/Vulnerabilities Analysis en vez de a la inversa).
Un tercer nivel de análisis, es el de la rehabilitación (Rehabilitation/Reconstruction). Es probable que éste tome más tiempo, y en él deban sentarse las bases de nuevos estados de mitigación y preparación futuros. Estos implican entradas desde lo psico-social, lo físico y lo económico, todo en un contexto político que debe responder a través de nuevas regulaciones o la severa fiscalización de las ya existentes (si es que esa ha sido una falencia detectada), planes de reconstrucción material y especialmente, estímulos para la recuperación de los activos materiales y sociales de la o las zonas afectadas, distinguiendo distintos grados de intensidad, en plazos diferidos, con metas de cumplimiento acordadas en conjunto a las comunidades, y constante retroalimentación. En esta fase, se trabaja con mayor perspectiva de futuro la gestación de una cultura del desastre, que debe progresar paulatinamente desde la retórica, a la lógica, las normas y el asentamiento de una cultura preventiva. En este último aspecto, vale la pena recordar que las comunidades aledañas a las costas en Chile, históricamente y sin mediar aviso oficial, han reaccionado ante un movimiento telúrico de grandes proporciones subiendo a zonas altas. En nuestro caso, cabe preguntarnos, si la escasez de tiempo entre el movimiento y el advenimiento de la primera ola, pudo o no incidir en la pérdida de vidas humanas, o si fue simplemente el olvido de esa lección o la presencia de veraneantes de zonas interiores que no lograron interpretar las señales en el código de las comunidades locales.
Un cuarto nivel de análisis, tendrá que ver, otra vez, con la preparación y mitigación ante un evento futuro, dando mayor énfasis a temas de largo plazo como la construcción antisísmica, los planes de evacuación y especialmente, en nuestro caso, los planes de manejo de crisis. Es aquí, donde toda la evaluación anterior cobra mayor significado, y se hace urgente tomar conciencia de la necesidad de crear planes de manejo de crisis y emergencias que involucren de acuerdo a los diagnósticos de riesgo aceptable y escalada de daños, a las autoridades civiles y militares, en diversos grados de intensidad, dejando claro con anticipación para las partes involucradas, cuándo corresponderá actuar a cada uno y cumpliendo qué rol. Esto minimiza la incertidumbre y las probabilidades de descoordinación. Desde nuestra parte, la necesidad de establecer un plan gubernamental de manejo de crisis ha sido un mensaje enviado sistemáticamente a las autoridades en los últimos años, pero a la fecha, no hemos tenido noticia de iniciativas de este tipo.
Finalmente, otro llamado es a entender dos elementos que han de ser fundamentales a todo el marco analítico antes descrito. Uno, debe ser el incluir a las comunidades afectadas en los planes de reconstrucción y mitigación a futuro, desde una perspectiva constructiva. Mucho se ha escrito acerca de los efectos negativos de la asistencia desde una perspectiva desde arriba por períodos prolongados. Una clave en los procesos de reconstrucción y desarrollo, es el involucramiento de las comunidades en la detección de sus propias capacidades, y por defecto de sus vulnerabilidades. A veces, las mismas comunidades no son conscientes de los medios tangibles e intangibles que ellas mismas poseen para satisfacer sus necesidades, tendiéndose a confundir la asistencia inmediata con una asistencia prolongada en el tiempo. Lo anterior, no le quita responsabilidad al Estado, no malentendamos esto. Lo que varía, es el tipo de acción o política a realizar, desplegando profesionales competentes en terreno que logren rearticular redes comunitarias y logrando focalizar la asistencia de recursos en los casos necesarios, maximizando así la entrega de ayuda. No debemos subestimar a los afectados, y no debemos asistirlos para siempre. Parte de los procesos de rehabilitación pasan por hacerse cargo de lo propio, y valorizarse en el proceso.
El otro elemento, es recordar que dependiendo del tipo, el desastre natural puede ser inevitable. Pero la emergencia derivada del mismo, dependerá de las vulnerabilidades que agudicen los efectos del desastre, como pueden ser los bajos niveles de educación o la pobreza. Estas vulnerabilidades pueden entenderse a modo de ejemplo en el terremoto de Gujarat de 2001, en una progresión de condiciones de inseguridad (ej. fragilidad de las construcciones), presiones dinámicas (ej. pobreza, corrupción) y causas profundas (falta de inversión o legislación insuficiente). Estos últimos, son ámbitos de acción que no deben ser de acción coyuntural, sino sistemática en el tiempo. A cada mapeo de riesgos, corresponderá un mapeo de vulnerabilidades que puedan agudizar los efectos de un desastre.
En conclusión, y mirando a futuro, todo aporte realizado en este sentido será tiempo ganado, así como vidas y bienes protegidos ante un próximo evento de este tipo. Sólo queda reiterar el llamado a ser ciudadanía constructiva, así como invitar a nuestras autoridades a reflexionar y escuchar aquellas ideas que apunten a construir políticas y una cultura de preparación ante los desastres naturales, al igual que ante aquellos causados por el ser humano.
